La provincia de Málaga registró una media del 32% de suspensiones de señalamientos judiciales, tanto juicios como vistas, a lo largo de 2021; lo que supone un descenso respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en un 48%.

Así se desprende de los datos recogidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria de 2021, consultada por Europa Press, en la que se precisa que de un total de 79.786 señalamientos previstos, se celebraron 54.114, pero tuvieron que ser suspendidos o no tuvieron lugar 25.672.

Málaga es la segunda provincia andaluza que más porcentaje de suspensiones tiene -después de Almería-, e, incluso, se sitúa por encima a nivel regional, no solo de la media general, que es del 30%; sino en la mayoría de las jurisdicciones, excepto en lo Contencioso, según se extrae del documento del alto Tribunal andaluz.

En la provincia baja de forma considerable la media de suspensiones respecto al año anterior en todos los órdenes jurisdiccionales. Así, en Civil, se registraron 9.449 aplazamientos de los 33.955 juicios o vistas previstos, lo que significa un 28%. En Social, fueron 6.631 suspensiones de los 15.131 señalamientos judiciales, lo que supone un 56%.

En el orden Penal, según recoge la memoria, se registró una media del 25% de suspensiones, con 6.406 juicios o vistas no celebrados o aplazados de un total de 26.139 señalados. En la jurisdicción contencioso-administrativa, fueron 1.317 los procesos suspendidos de un total de 4.561; es decir, un 29% de suspensiones.

Según la memoria del alto Tribunal andaluz, que la situación que presentaban los juzgados en 2021 «revela un descenso del porcentaje de suspensiones en el último año» a nivel general en Andalucía y en las provincias, «después de la obligada suspensión de actividades judiciales en virtud del decreto de alarma» por el coronavirus.

Pero sigue insistiendo en que los aplazamientos «constituyen una grave disfunción», ya que «a la problemática en relación con el nivel de pendencia, la suspensión del juicio o vista conlleva que el hueco previsto para ese día no pueda cubrirse», «con el consiguiente perjuicio para la buena eficiencia del servicio público».

Para el TSJA, esta incidencia es «sin duda, un obstáculo para la buena marcha de un juzgado y prolonga en exceso el tiempo de finalización del proceso». Además, «pone de manifiesto la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales en las fases del procedimiento previas al juicio o vista, así como llevar a cabo cambios en la organización de las oficinas judiciales».