El Congreso ha remitido al Senado el proyecto de la Ley de Empleo, cuya aprobación definitiva se encuentra próxima
El Congreso ha remitido al Senado el Proyecto de la Ley de Empleo, por lo que su aprobación definitiva se encuentra próxima. Se trata de uno de los proyectos estrella del actual Ejecutivo que afronta el último año de legislatura.
A pesar de que el texto puede aún sufrir cambios, la principal modificación introducida es la obligación para la Inspección de Trabajo de pronunciarse en los procedimientos de despido colectivo sobre la concurrencia de las causas especificadas por las empresas en la comunicación inicial, y la adecuación de la documentación aportada al procedimiento.
El tiempo dirá, pero lo cierto es que, aunque dicho informe no supone una autorización administrativa que pueda paralizar los procesos de despido colectivo, de facto, un dictamen negativo de la Inspección tendrá un importante efecto disuasorio en la implementación de algunos despidos colectivos, pues será una prueba de cargo en aquellos procedimientos donde juzgados y tribunales analicen si la medida empresarial es ajustada o no a derecho, o en su caso, nula.
Entretanto se dilucida la anterior cuestión en el Senado, hay que destacar la Ley de Familias y las nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral que recoge, y su convivencia con las circunstancias organizativas existentes en cada empresa, especialmente ante la incertidumbre socioeconómica que se prevé para los próximos meses.
En este contexto, el permiso retribuido de cinco días al año para cuidado de convivientes o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, el permiso parental de ocho semanas adicional a los existentes, hasta que el menor tenga ocho años, y que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua y no será retribuido, y el permiso por ausencia por fuerza mayor familiar de cuatro días retribuidos al año y que se podrá disfrutar por horas, completan el paquete de medidas de flexibilidad y conciliación que se ha venido incorporando en los últimos años.
Por ello, la Ley de Familias puede resultar la gran transformadora de las relaciones laborales, incluso por delante de la Ley de Empleo, con una gran orientación público-administrativa, a través de la conversión del SEPE en la Agencia Española de Empleo.
Para finalizar, el nuevo apartado del artículo 311 del Código Penal para perseguir actitudes empresariales contrarias a la legislación en materia laboral, y cuyas penas se fijan entre seis meses y seis años de prisión. Se pretende evitar que se impongan condiciones ilegales a los trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa, con el foco puesto, esencialmente, en las compañías que celebran contratos mercantiles para prestar servicios y desarrollar su actividad.
Aunque no existe necesariamente una relación directa entre el endurecimiento de las penas y la disminución o cese de las actuaciones aparejadas, este cambio normativo supone un elemento disuasorio que producirá la modificación de conductas, y una mayor relevancia de los programas empresariales de compliance, a efectos de evitar la apertura de causas penales, y llegado el caso, de condenas.
Confiemos en que la Ley de Empleo, que cuenta entre sus ambiciosos objetivos con la implementación de un concepto moderno de política de empleo, suponga un aumento significativo de la capacidad de las instituciones para recualificar, orientar y ayudar a los demandantes de empleo.
Todo ello, ante la previsión, como se expone en el preámbulo de la norma, de que el cambio tecnológico hará que desaparezcan muchas ocupaciones, que surjan otras nuevas y que se transformen el resto siendo necesario que, el Servicio Público de Empleo actúe e incida en el mercado laboral mediante la renovación de las políticas activas de empleo.