Los jueces entienden que una «simple» comunicación interna del departamento de Grande Marlaska no activó el proceso de repatriación.
La Audiencia Nacional ha rechazado admitir el recurso de una ONG contra el escrito del Ministerio del Interior del pasado 10 de agosto sobre el retorno de los menores marroquíes que se encontraban en Ceuta al tratarse de una comunicación interna sin «vocación normativa o reglamentaria» que no tuvo efectos.
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo se ha pronunciado así a favor del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska al considerar que el escrito recurrido, «más allá de su apariencia formal de carta o comunicación interadministrativa», no es susceptible de ser recurrido en la Audiencia Nacional.
El asunto nace del recurso de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la comunicación remitida el 10 de agosto por Interior a la Delegación del Gobierno de Ceuta para que aplicara el acuerdo de retorno de menores a Marruecos de 2007 con respecto a los jóvenes que entraron de manera irregular en Ceuta el 17 y el 18 de mayo.
Una comunicación que el tribunal, a diferencia de la Fiscalía, ve como una «simple actuación interna» que «no ha trascendido la esfera interna administrativa» ni «ha proyectado ningún efecto jurídico ad extra o frente a terceros».
Y, prosigue el auto, aun en el supuesto de que pudiera considerarse «de facto» que dicha comunicación fue lo que sirvió de base, «a petición y por voluntad de la Delegación del Gobierno en Ceuta, para que otras autoridades llevaran a cabo unas determinadas actuaciones relativas al proceso de retorno de los menores» a Marruecos, lo «determinante» para este procedimiento es que «no proyectó efectos frente a terceros, desempeñando un papel meramente interno de comunicación entre órganos administrativos».
Es decir, «no puede atribuirse a la actuación impugnada la vocación normativa o reglamentaria» que la ONG afirma que subyace.
Alegaciones de Interior
De forma similar se pronunció Interior en su escrito de alegaciones, donde aseguró que aquella comunicación «no es una instrucción», sino que simplemente «se limita a poner de manifiesto que el ministro del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos», y que de ella no podían derivarse vulneraciones de derechos fundamentales.
No opinaba lo mismo, sin embargo, la ONG, quien veía en aquel escrito una orden para que se iniciasen las repatriaciones, mientras que la Fiscalía informó a favor de admitir el recurso al considerar que se prescindió «total y absolutamente» del procedimiento establecido y que se vulneraron «trámites y garantías esenciales», si bien proponía enviarlo a los juzgados de Ceuta.
Fuentes de la Red de Inmigración informan de que la asociación recurrirá la resolución al considerar que hay pruebas que acreditarían que el expediente «desplegó efectos y que fue el ministerio el máximo impulsor».
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