El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana espera tener lista antes de que acabe 2025 una plataforma única estatal que unifique datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos para ver qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.
Con el desarrollo de esta plataforma en los plazos que maneja el ministerio, y que se implementa en base al reglamento europeo que ha entrado en vigor el pasado 20 de mayo y regula el fenómeno de las plataformas que ofertan este tipo de alojamientos, España sería uno de los primeros países europeos en tenerla en marcha, ha indicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, antes de la Conferencia Sectorial para abordar con las comunidades el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial.
Los países europeos tienen un plazo de dos años para poner en marcha esta plataforma.
La ministra ha apuntado que con ello se permite un mejor diagnóstico, la implementación de herramientas y la persecución del fraude en un sector en el que ha reconocido que hay mucha «alegalidad» y cuya proliferación está reduciendo la vivienda en alquiler residencial y provocando un incremento de precios.
Al amparo de la reciente normativa europea
La titular de Vivienda ha explicado que esta normativa europea pretende tener mejores datos para afrontar este fenómeno y perseguir el fraude homologando la gestión de los alojamientos turísticos, aquellos temporales de menos de un año y los de habitaciones, siempre que se formalicen a través de las plataformas creadas para ello, como puede ser Airbnb.
Con ello se quiere lograr una uniformidad de datos entre todos los estados miembros y poder ir más allá, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, para perseguir el fraude.
Reducen la oferta y encarecen los precios
En el marco de la sectorial de este viernes, que cuenta, además de las comunidades autónomas y de sus responsables de Turismo, con la participación del Ministerio de Industria y Turismo y de la FEMP, Rodríguez les va a proponer hacer uso de la conferencia multilateral para la implementación de esta plataforma.
Vivienda, que espera la colaboración de las comunidades autónomas, insiste en que la proliferación de estos alojamientos está limitando la oferta, encareciendo los precios y afectando al acceso a la vivienda.
«Frente a cualquier otro uso va a primar siempre el residencial. Cuando se siente amenazado ante el abuso de otros usos las administraciones tenemos que actuar para dar respuestas», ha afirmado.
A modo de ejemplo, ha apuntado que entre 2010 y 2018 este tipo de alojamientos se dispararon un 80%, coincidiendo con el nacimiento de este tipo de plataformas.
Por ello, ha abogado por dar transparencia, seguridad a estas fórmulas y hacerlas compatibles con el acceso a la vivienda sin olvidar que el sector turístico, sostenible y desestacionalizado, es importantísimo.
Rodríguez ya se ha mostrado en varias ocasiones partidaria de limitar los alojamientos turísticos en zonas tensionadas respetando las competencias autonómicas.
El sector turístico también denuncia el impacto que están teniendo estos excesos y reclama una ley estatal que controle el crecimiento desbocado de los pisos turísticos.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) reclaman a todas las administraciones que actúen con responsabilidad y sin ideología ante la crisis habitacional más grave de los últimos 50 años y, tras la Ley de Vivienda, calculan un retroceso del parque de alquiler del 30% y un alza de precios del 12%.
Fuente: epe.es