La cámara alta ha enviado al Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley para su publicación y entrada en vigor, a pesar de que la votación ha resultado en un empate por tres veces consecutivas -con 126 votos a favor, 126 en contra y 4 abstenciones-.

Fuentes parlamentarias han explicado a EFE que el Senado puede enviar al BOE la ley tal y como salió del Congreso, al no haberse introducido cambios en la Cámara Alta.

Entre los apoyos a la ley han estado los votos del PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV entre otros, mientras que en contra han votado otros grupos como Vox, PP, Junts per Catalunya y ERC.

Bildu se ha abstenido, igual que hizo en el Congreso.

La ley, uno de los hitos del plan de recuperación económica para este año, busca favorecer el desarrollo de los planes colectivos de pensiones, los que promueven las empresas para sus trabajadores, a través de la negociación colectiva y apoyados en la creación de fondos de promoción pública.

«Se da cumplimiento a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo», ha recordado el senador socialista Antonio Ferrer que ha subrayado que uno de los objetivos de la norma es impulsar estos planes entre las pymes y los autónomos.

«Se busca impulsar la previsión complementaria que no sustitutiva del sistema público», ha incidido Ferrer.

Desde Ciudadanos, el senador José Luis Muñoz ha recordado algunas de las mejoras introducidas con sus enmiendas como los cambios en la fiscalidad para las empresas y han destacado la importancia de reforzar este denominado «segundo pilar».

La senadora del PNV María Dolores Etxano ha insistido en que se habla de instrumentos complementarios «no sustitutivos de las pensiones públicas» y ha apuntado al desarrollo de estos planes, vía negociación colectiva, en el País Vasco.

Entre las críticas a la norma, la senadora de ERC Ana María Surra ha acusado al Gobierno de «publicidad engañosa» para hacer creer a la gente que es «mejor hacerse un plan de pensiones privado».

Desde el PP la senadora María Mercedes Fernández ha considerado que es «muy interesante y necesario complementar las pensiones de la Seguridad Social», pero ha criticado el «intervencionismo exagerado y radical» del Gobierno al dificultar el paso de los planes personales a los colectivos, castigando a los autónomos.

También ha criticado, tras conocerse la salida de dos secretarios de Estado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que «algo falla en este Ministerio cuando el señor ministro no se entiende con nadie».